PRODUCCION FRUTAL Y FORESTAL

El trabajo precarizado, sin aportes para la obra social o para las jubilaciones, con un régimen no contemplado en las normas, y con pagos cada tres meses, es habitual en algunos rubros de la economía entrerriana. Una investigación dio cuenta que en una empresa encontraron a otros dos menores aunque de (16 y 17 años) de Paso de los Libres Corrientes. Ambos declaran que los hacían trabajar con identidades cambiadas, Juan Manuel García y Miguel Angel Ruiz Diaz respectivamente.

Las denuncias contra empresarios inescrupulosos que sostienen un régimen de empleo a menores y en negro en la zona de Concordia no logran, todavía, una respuesta adecuada de las autoridades.

Diario Junio ya había adelantado notas sobre la reducción de obreros al grado de servidumbre, y es sabido que casos de ese tipo saltan de tanto en tanto en Paraná y otras ciudades, particularmente con el destrato a obreros bolivianos. Existen, y se hacen visibles cuando el periodismo los pone en vidriera.

Pero una vez pasado el espasmo, todo vuelve a lo común, y los únicos que pierden son los propios obreros. Es cierto que en quintas pequeñas suele hacerse difícil el cumplimiento de algunas exigencias propias de un sistema basado en la hipocresía, que no atiende las particularidades de las pymes y los microemprendimientos (ni qué hablar de los obreros), y en donde las empresas pequeñas que más trabajo generan suelen ser las más perseguidas.

Pero estas denuncias apuntan a otro tipo de casos, en los que puede constatarse la presencia de centenares de obreros en situación ilegal, ante la vista gorda y el oído sordo de los tres poderes del estado.

El periódico concordiense dirigido por el periodista Claudio Gastaldi, publicó hace un par de meses que una delegación de la policía de Concordia junto al delegado de Derechos Humanos inspeccionaron la quinta “Mc Berry” en la localidad de Calabacilla donde localizaron más de 200 trabajadores empleados por una tercerizada SAFyC S.A. que no aparece en el listado de 52 empresas de servicio inscriptas en la delegación de trabajo.

“En ese establecimiento con grandes galpones se observaron más de 200 camas cuchetas y varios trabajadores denunciaron hechos más propios del siglo pasado (entendemos que el periodista quiso decir, del siglo XIX). Así por ejemplo, hay almacenes que les venden jugos Tang (caja de 14 sobres) a $50, contra los $15 que se consiguen en la ciudad; jabón blanco a $6, y en la ciudad cuesta $3. O el rollo de papel higiénico que lo venden a $6 contra los $ 4 de aquí (en pack de 4)”.

“Trabajan desde las 6,30 horas hasta las 12 y de 13 a 17,30 horas por un jornal de $60 (les habían prometido entre $80 y $90) y deben pagar $12 por día de comida”.

Los “favores” patronales

Ya el investigador Gastón Gori denunciaba en La Forestal este tipo de contratos, en donde los obreros terminan atados a la patronal que les paga cuando quiere, les vende los productos que consumen al precio que quiere, y les mezquina todas y cada una de las conquistas laborales del último siglo.

Ese mismo sistema rigió muchos años en los obrajes entrerrianos, y hoy continúa, con variantes, en algunos emprendimientos frutales y forestales. Presentan incluso testimonios. “Uno de esos trabajadores de San Carlos, Corrientes, de nombre Silvio, denunció que el encargado del galpón, Marcelo Leonardi (dueño de los almacenes) les dijo que recién le pagarán al final de la cosecha ‘para que no nos gastemos la plata en vino’. Otro chico de 18 años, Armando, de Misiones hace días que está enfermo y sin atención médica.

Otros 3 jóvenes de 18 años de Apóstoles aseguraron que se quieren ir pero no pueden porque no les pagarán hasta el final de la zafra. Un dato que vale destacar es que, entre las ‘tercerizadas’ (contra las que el gobierno nacional asegura luchar), aparecen nombres conocidos por ser dueños o prestanombres de empresas citrícolas que podrían contratar personal en forma directa. Se trata de sociedades anónimas con domicilio en Buenos Aires como el caso de Blueberries o los casos de Rousseau y Sacoman a los que este diario ya ha mencionado como integrantes de la sociedad propietaria de COCICO SA., que, el juez de Salto (ROU) vincula con el narcotraficante colombiano detenido en (Salto) Uruguay con un importante cargamento de cocaína. Llamativamente también las que aparecen con mayor cantidad de trabajadores son SRL. En fin, nada que no haga sospechar un intento por disfrazar la situación laboral”.

Documentos falsos

En una nueva embestida contra el trabajo en condiciones de servidumbre, Claudio Gastaldi comparó la justicia de Buenos Aires con la de Entre Ríos, en virtud de las denuncias por casos similares publicadas estos días en medios porteños.

Dijo que las diferencias entre el accionar judicial de allá y de acá “son más que ostensibles”. “Aquí no existió ningún fiscal del poder judicial entrerriano que detuviera a los responsables por ‘reducción a la servidumbre’; tampoco jueces de menores que ordenaran inspecciones a las varias decenas de empresas tercerizadas que contratan y explotan a menores de 15 años. Por su parte, la justicia federal (con asiento en C. del Uruguay) a su vez, se lavó las manos luego de la presentación que realizó la delegación de la Policía Federal con asiento en Concordia”.

“Los fiscales no tienen la chance de no haberse enterado. Ponce, el defensor de menores dijo a este diario textualmente: ‘A mí solamente me llegó un caso, de dos hermanos, fue el mes pasado, el 15 de noviembre (2010), me llegó un sumario de la policía Federal, dando cuenta de que se habían utilizado documentos falsos para esconder la identidad de los menores que se encontraban trabajando en el lugar. O sea, documentos que no correspondían a la identidad de los chicos. Los documentos, obvio, eran de personas mayores de edad. A partir de allí lo que se hizo fue poner en conocimiento a las autoridades pertinentes, esto es, el Consejo del Menor y la Fiscalía de turno para que investigue la posible comisión de un delito y en el caso del Consejo, para que adopte las medidas de protección de los menores. Los chicos tenían entre 14 y 16 años”. Obviamente que le preguntamos si a su juicio había allí delitos a investigar y nos dijo que él creía que sí”.

“¿A Ud le contaron estos chicos que estaban trabajando allí con una identidad cambiada?”, le preguntó el periodista. “No, en realidad, eso forma parte del sumario donde consta que utilizaban documentos de personas mayores de edad y que no correspondían a su identidad... Y sí, podría configurar un delito”.

Testimonios contundentes

Funcionarios del Consejo del Niño, entre ellos el responsable en Concordia, Fernando Rouger, constataron el 10 de noviembre (junto a la dirección del trabajo), que en el establecimiento Nice Berry ubicada a la altura del kilómetro 264 de la Ruta 14 (Colonia Roca) había un menor de 14 años oriundo de la localidad de Loreto Santiago del Estero que trabajaba con el nombre Luis Barraza pero se llama William Nelson. Eso publicó Diario Junio. Y luego dio más nombres. Por ejemplo, el de otro chico de 15 años de nombre Sebastián y oriundo de La Criolla (departamento Concordia) a quien “hacían trabajar con un nombre falso para impedir su detección por parte de las autoridades de control. Este niño está en 8vo. Año y contó que abandonó la escuela (Salto Grande de la Criolla) para ir a trabajar con el nombre falso de Cardozo”.

“En ese mismo lugar encontraron a otros dos menores aunque de (16 y 17 años) de Paso de los Libres Corrientes. Ambos declaran que los hacían trabajar con identidades cambiadas, Juan Manuel García y Miguel Angel Ruiz Diaz respectivamente. El acta a la que accedió Diario Junio, señala claramente que esta situación fue comunicada a las autoridades policiales y judiciales y las fuerzas federales. En el mismo operativo detectan a otros dos chicos santiagueños de 16 años que trabajaban en la empresa de servicios ‘Citrus los Naranjos’, en rigor, una SRL subcontratada por los dueños de esa quinta para que les proporcione trabajadores, especialmente menores a los que traen engañados de distintas provincias y de la zona. En tanto, el día 12 de ese mismo mes en el establecimiento ‘Azul del Litoral’ de Concordia, se detectaron a dos niñas de 14 y 15 años cuyos documentos de identidad (39 y 38 millones) delatan su edad y por tanto su imposibilidad legal de trabajar”.