Sr. Lozano.- Señor presidente: la verdad es que nuestro interbloque no hubiera querido llegar de este modo a esta sesión. En la última reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda planteamos explícitamente –incluso fue acordado por todos los bloques, incluido el propio Frente para la Victoria y con la anuencia del presidente de esa comisión- que estábamos ante una situación particular, diferente a otras, donde cabía la posibilidad de que no hubiera número para aprobar el proyecto de presupuesto que había enviado el oficialismo, y que en ese marco parecía razonable, cuando se veía que íbamos a terminar con dictámenes diferentes, convocar a una mesa de trabajo para aunar criterios y tener un presupuesto de mínima consensuado que permitiera cumplir con que el Poder Ejecutivo contara con su plan de gobierno y también se cumpliera el rol que le cabe al Parlamento en cuanto al control en la asignación de los recursos públicos.

Se aprobó realizar esa convocatoria y se dijo que iba a existir en el curso de esta semana a partir del día lunes. Nada de eso ocurrió y la verdad es que si no hay acuerdo pueden darse dos situaciones en esta sesión: una es que no haya ningún presupuesto porque ningún dictamen obtenga el número, lo cual para nosotros sería una macana, y la otra es que haya un presupuesto votado en general pero con tantas modificaciones en particular que termine siendo una suerte de aquelarre verdaderamente inentendible.

Por lo tanto, como nos pareció que eso no era muy responsable por parte del Parlamento nacional, entendimos razonable tomar esta semana para acordar ese presupuesto de mínima. Lamentablemente ello no ocurrió y en ese marco se da el hecho de que presentamos un dictamen propio como interbloque Movimiento Proyecto Sur.

Más allá de las diferencias en la orientación política, que son absolutamente razonables, obviamente nadie cree que haya que pedirle al gobierno que haga aquello que la fuerza política que expresa entiende que debe hacerse. Eso se resuelve en la arena de la disputa política por el gobierno nacional. Pero nosotros no compartimos que una y otra vez se eluda la significación del debate presupuestario en este ámbito, que no se le otorgue al Parlamento prácticamente ningún lugar y que el presupuesto que estamos considerando, por algunas de las razones que ya fueron expuestas y no repetiré, está asentado en supuestos macroeconómicos que ciertamente son falsos, como todos lo sabemos. Lo cierto es que de mínima existe una subestimación de recursos que supera los 35.400 millones de pesos, pero al mismo tiempo también hay subestimación de gastos por una cifra significativa que aproximadamente involucra 43 mil millones de pesos.

Cuando hablo de subestimación de gastos me refiero a que el presupuesto que estamos considerando no contempla pauta alguna de incremento de salarios no sólo para el caso de los trabajadores del Estado. Tampoco contempla la pauta correspondiente al aumento a las universidades, el aumento del Fondo de Incentivo Docente, la actualización de los insumos en términos de bienes y servicios requeridos para el funcionamiento del aparato estatal, no tiene pauta de movilidad jubilatoria, no contempla la actualización de la asignación familiar ni tampoco la de la Asignación Universal por Hijo, la actualización de los gastos de capital vis à vis la inflación esperada, ni tampoco la actualización de los subsidios. Esto significa que no contempla por lo menos 43 mil millones de pesos, y que estamos discutiendo un presupuesto que nos esconde recursos por vía de subestimar la tasa de crecimiento y el nivel de evolución de los precios por inflación. Al mismo tiempo nos esconde gastos en tanto no actualiza ninguna de estas cosas que estoy mencionando.

Obviamente, si esto es así, es bueno dejar en claro que los números del superávit financiero establecido por el gobierno son diferentes a los planteados, y la necesidad de financiamiento real que tiene el gobierno para cerrar el presupuesto del próximo año también es distinta a la planteada.

Es bueno dejar en claro también que esto que estamos discutiendo este año no es una novedad, y en realidad es lo que ha venido ocurriendo con las presentaciones presupuestarias. Debemos recordar que en marzo, cuando estuvo presente aquí el ministro Boudou, acompañado de diferentes funcionarios, dijimos que en el presupuesto correspondiente al 2010 había alrededor de 50 mil millones de pesos de mayores gastos que estaba previsto realizar pero que no estaban incluidos en el presupuesto, y que era conveniente que se remitiera un proyecto de ley complementario para que el Parlamento pudiera debatir la asignación de los recursos.

En rigor esto fue votado por el Parlamento, pero el ministro incumplió y no mandó absolutamente nada. El propio presupuesto que nos acaban de enviar para 2011 ya reconoce que hay cerca de 40 mil millones de pesos adicionales a la pauta de 2010 que efectivamente ya han sido gastados. Seguramente antes de que finalice el año se dictará un decreto de necesidad y urgencia informándonos de los más de 50 mil millones de pesos que son asignados por fuera del debate parlamentario.

Esta política posibilitó que desde 2003 hasta el presente el monto total de recursos que pasó por fuera del debate parlamentario sea del orden de los 280 mil millones de pesos a valores de hoy, o sea, prácticamente el equivalente a todo el presupuesto nacional de este año.

Entendemos y aceptamos que el plan de gobierno lo fija el Poder Ejecutivo y que esto obviamente se expresa en el presupuesto. Pero del mismo modo que aceptamos esto también sabemos que al Parlamento nacional le cabe un papel en la asignación de los recursos públicos y su control, que efectivamente es el que no estamos cumpliendo y el que en todo caso se propone que sigamos sin cumplir en el debate de este presupuesto.

Así planteado el proyecto oficial es una verdadera tomadura de pelo para buena parte de los diputados que estamos aquí sentados. Digo esto respecto del dictamen de mayoría o dictamen gubernamental. Del mismo modo, debo señalar que tenemos algunas observaciones en relación con el dictamen de la primera minoría.

Si bien compartimos que existen excedentes que están en el orden de la cifra que mencioné anteriormente ‑alrededor de 35.000 millones de pesos‑, también consideramos que hay un conjunto importante de gastos que no está incluido en el proyecto presentado por el oficialismo. Por lo tanto, no puede distribuirse exclusivamente el excedente en aquellas prioridades que uno defina.

Obviamente compartimos las prioridades de poder resolver la situación del 82 por ciento de los jubilados, y de mejorar, expandir y actualizar la Asignación Universal por Hijo; pero si no incorporamos ni actualizamos las otras partidas vinculadas con la pauta de incremento salarial, de actualización de bienes y servicios, y de gastos de capital, podríamos generar dos resultados: por un lado, al pretender garantizar el haber jubilatorio, estamos generando el congelamiento de los salarios, de la Asignación Universal por Hijo, del Fondo de Incentivo Docente, de los gastos de capital y de los bienes y servicios disponibles para el funcionamiento del Estado.

Por el contrario, si efectivamente actualizamos las partidas, la necesidad de financiamiento que tendría el presupuesto presentado por la primera minoría sería mucho mayor que el declarado.

Por lo tanto, a pesar de que compartimos que hay que blanquear recursos y que es razonable tener como prioridad atender los problemas de los jubilados y los niños, actualizando el valor de la Asignación Universal por Hijo, nuestra preocupación es que en ese dictamen no está contemplado un conjunto de gastos que tampoco tiene en cuenta el presupuesto oficial, y que debemos incorporar como parte del debate.

En este marco, es decir, considerando que por un lado tenemos un presupuesto que aparece dibujado y, por el otro, presenta algunas inconsistencias, nosotros hemos presentado un dictamen que refleja evidentemente nuestra orientación política, pero también alerta sobre un conjunto de cuestiones que el presupuesto presentado debería tener, y que desde nuestro punto de vista no incluye.

Si tenemos en cuenta aquellas cuestiones que hacen a nuestra orientación política es porque creemos razonable pensar en un conjunto de rectificaciones respecto del rumbo económico vigente en la Argentina. Más allá de coincidir o no con la orientación general, estamos convencidos de que el modelo de crecimiento que la Argentina ha venido siguiendo, asentado en el dispositivo de superávit fiscal y comercial desde mediados de 2002 en adelante, produjo resultados, pero también ha exhibido limitaciones para revertir las condiciones de concentración, extranjerización y desigualdad que caracterizan a la Argentina actual.

Desde el año 2007 en adelante este dispositivo macroeconómico asentado en las condiciones de superávit fiscal y comercial está presentando problemas. En consecuencia, si en algún momento funcionó, hoy tiene problemas y es razonable pensar en rectificaciones que se orienten a resolver cómo replantear una estrategia de desarrollo en la Argentina, haciéndonos cargo de que estamos atravesando un momento realmente interesante en términos mundiales y regionales para encauzar una perspectiva de desarrollo para nuestro país.

Cuando digo que efectivamente los dispositivos de superávit fiscal y comercial son cuestionados, es porque desde el año 2007 en adelante sostener las cuentas públicas implicó el uso de recursos extrapresupuestarios vinculados a reservas y utilidades del Banco Central, al uso de los excedentes de la administración nacional de la seguridad social, a utilizar el fondo de garantía de sustentabilidad del sistema previsional y los depósitos del Banco Nación.

Creemos que estas cosas se pueden utilizar a condición de que se ponga en marcha una estrategia que rectifique la situación que hoy exhiben las cuentas públicas en Argentina.

Del mismo modo que decimos esto para el caso fiscal, lo decimos para el caso del saldo comercial. Efectivamente, tenemos un saldo comercial superavitario pero no hemos resuelto algunos problemas que claramente tiene nuestro perfil productivo que determinan que la tasa de crecimiento de las importaciones multiplica y supera con creces la tasa de crecimiento de las exportaciones.

Estamos en capacidad de sostener este índice de debilidad de nuestro perfil productivo debido a la situación particular de los precios internacionales y de los términos del intercambio, pero sería razonable utilizar esa oportunidad que nos da la economía mundial para replantear el esquema productivo del país.

Pese a que aquí han venido funcionarios que dijeron que la Argentina había encontrado una nueva perspectiva productiva, es bueno recordar que siguen siendo seis ramas del aparato productivo las que concentran el 86 por ciento de las exportaciones, que son sólo 31 empresas las que tienen el 74 por ciento de lo que se exporta en el país y que 21 de ellas tienen que ver con los complejos sojero, petrolero y minero.

Es decir que las condiciones de concentración y extranjerización, que además se expresan en una creciente salida de utilidades y dividendos al exterior, están poniendo límites porque el saldo comercial para cubrir utilidades, dividendos y fuga de capitales ya no alcanza.

Esta realidad indica que la Argentina tiene que revisar su orientación productiva, replantear la situación de concentración y establecer un marco regulatorio de las condiciones de extranjerización que tiene hoy el país en su aparato económico.

Esto también tiene que ver con una pauta de desigualdad que, más allá de que se enuncien los números de indigencia por parte del señor Moreno en el INDEC, se da de patadas con la realidad que vinieron a expresar a este Congreso los tareferos de Misiones, con la situación que se vive en Salta y con el crecimiento de la mortalidad infantil.

Está claro que los niveles de descenso de la pobreza y de la indigencia en la Argentina no están en línea con la posibilidad concreta que podríamos tener en función de las tasas de crecimiento que hemos tenido. Esto se debe a que los niveles de desigualdad del país siguen siendo absolutamente injustos.

En este sentido, con el planteo que estamos haciendo invitamos a pensar que es posible mejorar las condiciones del esquema fiscal sobre la base de un sistema tributario progresivo.

Por eso volvemos a proponer la restitución de las contribuciones patronales para las grandes empresas y la eliminación de las exenciones para el impuesto a las ganancias y bienes personales.

Nuestra propuesta invita a pensar que es posible recomponer el haber mínimo colocándolo en el 82 por ciento del salario mínimo actual, a pensar que es posible utilizar el poder adquisitivo de la asignación universal por hijo y expandir la cobertura, a pensar que es posible crear un seguro de empleo y formación para los jefes de hogar desocupados, a pensar que es posible fortalecer financieramente el sistema público de salud y a pensar que el Estado puede recuperar un papel central en el proceso de inversión.

Por lo tanto, en lugar de pensar en las reservas para pagar la deuda pública es absolutamente factible transformarlas en palancas para el desarrollo poniendo como objetivo la reconstrucción del ferrocarril, el desarrollo de la industria naval, la reconstrucción de la petrolera estatal y el programa de modernización productiva que la Argentina necesita.

Además de lo que estamos planteando, que creemos que es imprescindible para rectificar el rumbo de la Argentina, existe un conjunto de cuestiones muy puntuales que este presupuesto olvida. Por ejemplo, olvida que ha dejado debilitadas las partidas del CONICET: le están faltando alrededor de 150 millones de pesos y la propia institución los está reclamando.

Además, a este presupuesto le está faltando el acuerdo en el marco de la UNESCO para acercar al uno por ciento el presupuesto cultural, tal cual está comprometido. A este presupuesto también le está faltando el financiamiento que la ley de bosques reclama y exige, y también le está faltando la partida de financiamiento para hacer viable el comienzo del inventario de la ley de glaciares. Todas estas cosas deberían ser parte del presupuesto; deberíamos incluirlas, pero no están.

Quiero terminar diciendo que se han escuchado muchas tonterías en este último tiempo, y del ministro de Economía demasiadas. Se oyó la tontería de decir que en un país donde el precio promedio de los alimentos supera la inflación promedio, el efecto de la inflación sobre los sectores populares no existe.

Bueno es entender que les han contestado desde la propia provincia de Buenos Aires, porque ciertamente sería una mirada muy chiquita no darse cuenta de semejante obviedad.

Es más: el problema inflacionario hoy en la Argentina es un problema social más que un problema de gestión macroeconómica. Entender que por cada punto de crecimiento del precio de los alimentos hay cerca de 20 mil pobres y 20 mil indigentes más, es una realidad concreta que debiera mirarse con mucha precaución frente a la situación social por la que sigue atravesando la Argentina, pese al hecho de que uno pueda decir que estamos mejor que en las honduras y las hogueras de 2001 y 2002.

En ese sentido, sostengo que esas tonterías dieron lugar a que se dijera, por ejemplo, que nuestro proyecto de presupuesto era deficitario. El ministro se olvidó buena parte de lo que estudió en la Facultad.

El presupuesto no se observa solamente mirando las cuentas arriba de la línea; también se observa mirando las cuentas debajo de la línea. Lo que nuestro presupuesto indica es que la necesidad de financiamiento de nuestra propuesta es la mitad de la propuesta que plantea el oficialismo.

En segundo lugar, se ha dicho que nosotros paralizamos obras. Esto también es mentira. No hemos tocado ninguno de los 33 mil millones de pesos para obras que están puestos arriba de la línea del presupuesto oficial. Lo que sí hacemos es utilizar reservas para ampliar el financiamiento y el desarrollo del país. Lo que sí quitamos del presupuesto es la autorización en blanco para el endeudamiento del Ministerio de Planificación, que existe debajo de la línea. Esto no quiere decir que no se pueda hacer. Lo que quiere decir es que si requieren endeudamiento para ponerlo en obras concretas, deben mandar el proyecto al Parlamento para discutir adecuadamente las condiciones de ese endeudamiento.

Por lo tanto, nuestra propuesta incluye cerca de 20 mil millones de pesos adicionales en financiamiento de inversión y desarrollo, con una orientación que, lejos de quedarse solo en el tema de infraestructura, busca la política de agregación de valor y reorientación del rumbo productivo del país.

Nosotros estamos sosteniendo este presupuesto porque no estamos de acuerdo con seguir planteando un presupuesto dibujado ni tampoco con algunas inconsistencias que observamos en el dictamen de la primera minoría.

Seguimos abiertos a lo que planteamos el miércoles pasado: este Parlamento puede sancionar un presupuesto, pero existe una condición: blanquear los recursos y los gastos del plan de gobierno. (Aplausos)